El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Víctor Benítez, informó que presentó una denuncia penal al Ministerio Público por presunto lavado de dinero que afecta a una fábrica de picantes instalada dentro del penal de Emboscada. Esta fábrica había sido promocionada como un ejemplo de reinserción a través de todos los medios de comunicación.
Benítez reveló que, tras detectar posibles irregularidades en el montaje de la fábrica poco después de la asunción del exministro Ángel Barchini en septiembre, se permitió su funcionamiento «para no levantar sospechas», pero se remitió un informe a la Fiscalía.
La inversión realizada en la instalación de la planta procesadora en la Penitenciaría Regional de Emboscada no fue precisada , pero se utilizó para la adquisición de equipos modernos de fabricación y envasado del producto.
Emprendimiento «modelo»
A pesar de que la cartera de Estado había presentado la fábrica como un proyecto liderado por Marcelo Lee, ciudadano coreano nacionalizado paraguayo procesado por delitos relacionados con estupefacientes, se ha descubierto que la financiación provendría de algunos investigados en el marco del Operativo A Ultranza, entre los que se encuentra Luis Cebriano, uno de los imputados en una red de lavado de dinero presuntamente liderada por Sebastián Marset, actualmente prófugo de la justicia, y Miguel Ángel Insfrán, también conocido como «Tío Rico», quien se encuentra bajo custodia.
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