El departamento de Paraguarí se caracteriza hoy por ser uno de los destinos turísticos más deseados actualmente, sobre todo para inversiones en el rubro inmobiliario.
Desde hace tiempo, las empresas inmobiliarias aumentan las ofertas en materia de loteamientos, pero con grandes carencias para los compradores como ser caminos de todo tiempo o acceso a servicios básicos como el agua.
Esta es la situación en que se encuentran muchos vecinos de la fracción Divina Esperanza 1, 2 y 3, que luego de comprar sus lotes, muchos aún siguen pagando sus cuotas, fueron abandonados prácticamente por la empresa loteadora, en este caso Inmobiliaria del Este, según denunciaron.
Debido a las constantes e intensas lluvias, los caminos se volvieron intransitables y es casi imposible para a aquellos que ya se mudaron al lugar acceder con sus vehículos.
A esto se suma el drama de la falta de acceso al agua, pues la ESSAP asegura no contar con la capacidad de proveer a los vecinos el vital líquido, pero tampoco se puede conformar una Junta de Saneamiento por ser área prestacional de la empresas estatal.
La fracción se encuentra a escasos quinientos metros del Palacio de Justicia de Paraguarí, en la zona del microcentro de la capital del noveno departamento.
¿Y la Municipalidad de Paraguarí?
Inmobiliaria del Este no permite el pago de cuotas si los compradores no están al día con el impuesto inmobiliario. Esto representa un importante ingreso para el municipio, cuyo intendente, Marcelo Simbrón, ha prometido en reiteradas ocasiones a los vecinos de Divina Esperanza una solución a reclamos como el camino de todo tiempo, la provisión de agua potable o más seguridad, pero sin cumplir uno solo de sus compromisos.

Tanto es así que la Municipalidad pagó por un pozo artesiano que debía contar con tanque de agua y motobombas para distribución, pero solo se perforó el pozo, mientras que lo demás la empresa adjudicada nunca cumplió.

Luego de varios meses una empresa privada ahora presta el servicio a los castigados vecinos que anuncian acciones y medidas de fuerza contra el intendente, mientras aguardan respuestas de las autoridades departamentales y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para rehabilitar los accesos.
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